Por Joseph Daccarett 

En los días de Semana Mayor, cuando el tiempo parece concederse una pausa y la rutina cede terreno a la introspección, suelo volver sobre lecturas que, aun escritas décadas atrás, conservan una vigencia inquietante frente a las tensiones del presente.

En ese ejercicio reaparece Ayn Rand, una autora que, tras llegar a Estados Unidos en la década del veinte, construyó una defensa sistemática de la razón, la libertad individual y la responsabilidad como pilares del progreso. En La rebelión de Atlas, advierte con claridad cómo la expansión desmedida del Estado, la erosión del mérito y la desmotivación de quienes generan valor no solo comprometen la dinámica económica, sino que terminan por socavar la estructura moral de la sociedad.

Al observar hoy las propuestas de algunos candidatos, resulta difícil no identificar en una de ellas la intención de profundizar un modelo que Colombia ya ha transitado: una mayor estatización de la actividad productiva, la reducción progresiva del rol del sector privado y la consolidación de un Estado que asume funciones que históricamente no ha logrado administrar con eficiencia.

No se trata de una hipótesis teórica. Quienes vivimos —o hemos estudiado con rigor— la Colombia de las décadas del sesenta, setenta y ochenta sabemos que ese camino no es nuevo. Es un modelo que, lejos de cerrar brechas, consolidó el subdesarrollo, restringió la innovación, incentivó la fuga de talento y debilitó libertades económicas esenciales.

Basta recordar una época en la que amplios sectores estratégicos estaban concentrados en manos del Estado: Colpuertos, aeropuertos, energía, acueductos, infraestructura vial, salud, Idema, telecom, inscredial, adpostal, ferrocarriles nacionales entre otros. El acceso a servicios no respondía a estándares de eficiencia, sino a lógicas de intermediación política. Resolver lo básico implicaba, con frecuencia, acudir al “favor” del funcionario de turno, en un esquema donde la excepción terminó por convertirse en regla.

Nada de esto es accidental. Las empresas públicas, por diseño, tienden a operar bajo incentivos políticos y electorales antes que bajo criterios de eficiencia o satisfacción del usuario. Los nombramientos suelen responder a cuotas y recomendaciones, no necesariamente a capacidades técnicas. El resultado es conocido: estructuras deficitarias que demandan subsidios permanentes, financiados por la totalidad de los contribuyentes.

En contraste, el sector privado se rige por una lógica distinta: competir, innovar y generar valor. La selección por mérito, la presión del mercado y la necesidad de sostenibilidad impulsan, en la mayoría de los casos, organizaciones más eficientes. Y cuando estas prosperan, no solo generan empleo y desarrollo, sino que fortalecen la base fiscal del Estado.

De ese desequilibrio emerge una paradoja que debería preocuparnos: se subsidia la ineficiencia mientras se castiga la eficiencia; se normaliza la mediocridad estructural al tiempo que se obstaculiza a quienes producen valor.

No es coincidencia que el despegue económico de Colombia —incluso en medio de crisis globales a finales del siglo pasado y en los primeros años del siglo XXI— haya estado asociado a decisiones orientadas a abrir espacios al sector privado, modernizar la economía y reducir el peso de estructuras ineficientes.

Sin embargo, hoy resurgen propuestas que, bajo un lenguaje renovado, plantean un retorno a esquemas que ya demostraron sus limitaciones. Se esgrimen argumentos que cuestionan la legitimidad de la riqueza privada y que promueven la expansión del Estado en nombre de una “justicia social” que, en la práctica, termina desdibujando los incentivos, deteriorando la eficiencia y, paradójicamente, profundizando la pobreza que pretende combatir.

La ironía es aún más evidente cuando se observa que los únicos monopolios que el Estado debería ejercer de manera indelegable —la fuerza y la justicia— presentan, en múltiples territorios, dinámicas de facto que desdibujan su control. Zonas bajo la influencia de estructuras armadas y sistemas paralelos de justicia evidencian una realidad en la que el Estado no siempre logra ejercer las funciones que le son esenciales.

En este contexto, la discusión no debería ser ideológica, sino histórica y pragmática. La evidencia está disponible; las consecuencias también.

Vale entonces plantear una pregunta incómoda, pero necesaria:

¿Estamos dispuestos a aprender de la historia o insistiremos en repetirla?

Para quienes aún dudan, resulta pertinente recordar esta reflexión de Ayn Rand:

Cuando te das cuenta de que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes y servicios sino con favores. Cuando te das cuenta de que muchos son ricos por sobornos e influencias más que por el trabajo y que las leyes no nos protegen de ellos, más, por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta de que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, entonces puedo afirmar, sin temor a equivocación, que tu sociedad está condenada.

Cualquier parecido con nuestra realidad —dirán algunos— es apenas coincidencia.